Un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la prórroga por 90 días hábiles del plazo previsto para la presentación de ofertas en la licitación destinada a la venta del 100% del paquete accionario de Intercargo S.A.U., la empresa estatal encargada de los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos del país.
La iniciativa apunta a postergar el vencimiento establecido para el próximo 10 de junio de 2026 en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0002-LPU26, convocada mediante la Resolución N° 707/2026 del Ministerio de Economía.
El proyecto fue presentado por los diputados Roxana Monzón, Florencia Carignano, Ana María Ianni y Mario Manrique, quienes argumentan la necesidad de contar con información precisa y completa sobre el valor real de la compañía antes de avanzar con el proceso de privatización.
Según el texto, durante el período de prórroga el Poder Ejecutivo deberá remitir a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones un informe detallado sobre la valuación integral de Intercargo. La documentación deberá incluir la metodología utilizada para determinar el valor de la empresa, los criterios aplicados para ponderar sus activos tangibles e intangibles, las proyecciones financieras consideradas y cualquier otra tasación existente sobre su patrimonio.
Los legisladores sostienen que la información resulta indispensable para garantizar la transparencia del proceso y permitir un adecuado control parlamentario sobre una operación que involucra un activo estratégico para el sistema aeroportuario nacional.
Intercargo presta servicios de rampa, asistencia a aeronaves y manejo de equipajes en la mayoría de los aeropuertos argentinos, por lo que su eventual privatización ha generado debate tanto en el ámbito político como entre los trabajadores del sector aeronáutico. No tanto entre las empresas que se ven obligados a contratar sus servicios.
La propuesta busca que el Congreso disponga de mayores herramientas para evaluar las condiciones de la operación antes de que concluya el proceso licitatorio, en un contexto donde distintos sectores reclaman conocer con precisión el valor patrimonial de la empresa y las condiciones bajo las cuales se concretaría su transferencia al sector privado.